Un proyecto busca derogar la figura de merodeo del código de faltas.

La denominada ley que avanzaba contra la libertad de las personas“portación de rostro» está en jaque.“Es una verdadera rémora de la democracia. Es un Código de Faltas que permite la detención de 70 mil cordobeses por año sin abogados y que dicta sentencia sin jueces. Es un código que violenta la tripartición de poderes, delegando facultades que son propias del Poder Judicial: un comisario es el que dicta la sentencia y ha permitido innumerables episodios de violación de los derechos de las personas, sobre todo, de jóvenes en condiciones humildes”, expresó Birri.

Escuche el audio que especifica el espíritu del proyecto del Frente Cívico, el debate avanza en la unicameral, en la sociedad y en los medios de comunicación.


En la foto Dr. Horacio Javier Etchichury (Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional de la UNC), Oscar Arias (Director de La Lucíérnaga) y el Legislador Roberto Birri, autor del proyecto de Ley.

Escuche el audio de la entrevista

Los principales puntos que se propone reformar:

Articulo 15 (Asistencia letrada)
Actualmente este artículo permite que el proceso contravencional se lleve a cabo sin abogado defensor. Un proceso que puede culminar en la pérdida de libertad (por arresto u otra pena) o de propiedad (por multa) puede transcurrir sin que un abogado deba asistir al acusado. Nuestro proyecto propone que la presencia de un abogado defensor, sea de carácter obligatoria.

Derogación del artículo 98 (Merodeo).

Aquí se evidencia la más clara violación a los principios de legalidad (CN, artículos 18 y 19) y razonabilidad (CN, artículo 28). La figura habilita, en los hechos, la detención y sanción de ciudadanos por la mera voluntad del personal policial actuante. Viola, además, el derecho a circular (CN, articulo 14).

El legislador sanciona con multa o arresto a quienes “merodearen edificios o vehículos, establecimientos, agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos”.
En primer lugar, el concepto de “merodeo” resulta extremadamente vago. El Código elige no dar mayores precisiones en cuanto al significado.

Se violenta el principio de legalidad. La conducta se vuelve punible de acuerdo a la opinión del agente de policía, “según las circunstancias del caso”, tal como indica el artículo.
No hay forma de que el ciudadano pueda prever qué circunstancias tendrán el efecto de incriminar su circulación, convirtiéndolo en un contraventor. Se trata, de una figura extremadamente ambigua, abierta a la arbitrariedad.

El personal policial puede arrestar al supuesto merodeador si observa en él una “actitud sospechosa”. Otra vez: la contravención se termina de configurar en la mente del observador, esto es, del policía.

En otros casos, el observador son terceros en los que se genera inquietud. Pero no hay forma de volver objetiva la conducta punible. Tampoco hay manera de que quede definida con precisión. Esto infringe, claramente, el principio de legalidad.

Además, el artículo viola el principio de inocencia. El acusado de merodeo sólo puede librarse de la sanción si ofrece una “razón atendible” para hallarse en el lugar. Sin embargo, esto también depende de la discreción policial. En efecto: la razón debe resultar “atendible” según el criterio del agente de la repartición.
No hay, por supuesto, razonabilidad alguna en esta figura. Se confiere enorme poder a la policía, no se establecen requisitos objetivos para la imputación, y se fundamenta la sanción explícitamente en estados mentales de terceros, o en prejuicios o suposiciones del agente policial. Cuesta imaginar un ejemplo más claro de violación del artículo 28 de la CN.

Artículo 114 inc. 1 (competencia para instruir y juzgar)
En este artículo se consagra el corredor de arbitrariedad en la aplicación del Código. En efecto: confiere la autoridad para instruir y juzgar a la misma institución, a saber, la Policía de la Provincia.
Así, la Policía detecta, investiga, colecta pruebas, acusa y juzga. Todo ello sin necesidad de asistencia letrada (Articulo. 15 del Código). Cuesta poco imaginar el grado de arbitrariedad posible con esta organización procesal.
El artículo, además, viola el requisito de juez “imparcial e independiente”, fijado en el artículo. 8.1 del Pacto. En efecto: no basta que sea “juez natural”, de acuerdo al artículo. 18 de la CN. El Pacto exige que se trate de un juez que reúna otras condiciones objetivas: imparcialidad e independencia.
En el Código, no se asegura la imparcialidad, ya que no hay separación entre el órgano que acusa y el que juzga. Tampoco se garantiza la independencia, ya que el “juzgador” pertenece a una institución jerárquica, regida por el principio de obediencia funcional.
En el proyecto que se propone se restituye al ámbito del Poder judicial el juzgamiento y sanción.

Co-culpabilidad social.

Hemos incorporado también en el proyecto esta figura que, entre otros, es receptado por el Código de Faltas de la Provincia de Chubut. “El estado de cosas socioeconómico- cultural pasa, entonces, a primer plano. Suele decirse que aquí hay una co-culpabilidad con la que debe cargar la sociedad misma” Podemos sostener que en nuestro Código Penal hay una clara aplicación del principio de co-culpabilidad en el Art. 41, cuando se exige que para graduar la pena se tome en cuenta “la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”.

Mecanismos alternativos de resoluciòn de conflitctos

Se propone la inclusión de la mediación y de los trabajos comunitarios como procesos alternativos de desjudicialización de los conflictos.

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